Con el objetivo de informar y visibilizar los derechos de las personas adultas mayores, el Magíster Aron Sánchez, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, realizó una visita a la provincia de Pastaza, como parte de una agenda nacional orientada al fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a los grupos de atención prioritaria.

Durante su intervención, la autoridad explicó que se viene desarrollando una campaña de sensibilización dirigida a municipios, personal administrativo y familias, con el fin de que las personas adultas mayores conozcan y ejerzan sus derechos, especialmente aquellos relacionados con beneficios tributarios establecidos en la normativa vigente.

En este contexto, se destacó lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, el cual establece la exoneración de impuestos fiscales y municipales, entre ellos el impuesto predial, para las personas que hayan cumplido 65 años de edad, siempre que sus ingresos o patrimonio no superen los límites definidos por la ley. Este beneficio busca aliviar la carga económica de este grupo poblacional, considerando que, en la práctica, muchas instituciones públicas aplican únicamente descuentos parciales y no la exoneración total que establece la normativa.

Para acceder a la exoneración del impuesto predial, las personas adultas mayores deben presentar requisitos básicos, como una copia del predio, copia de la cédula de identidad y un documento que certifique que no perciben una remuneración básica. Con esta documentación, y en caso de requerirse algún formulario adicional, el trámite puede realizarse de manera directa. Según lo señalado, este proceso se efectúa una sola vez y el beneficio se mantiene vigente en los años posteriores.

En el caso específico de la provincia de Pastaza, se informó que existe la ordenanza correspondiente que regula la exoneración del impuesto predial para personas adultas mayores. No obstante, cuando esta normativa no se cumple, la entidad encargada de ejercer control y aplicar las sanciones respectivas a los municipios es la Contraloría General del Estado.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a las personas adultas mayores y a sus familias, a informarse, exigir y ejercer sus derechos, así como a las instituciones públicas a cumplir con la normativa vigente, garantizando una atención digna, justa y equitativa para este grupo prioritario.